A finales de mayo del 2015, unos días antes de la toma de posesión de la actual Corporación, el anterior equipo de gobierno del PP aprobó el asfaltado de un vial junto al polígono industrial de Cavila en unos terrenos que no habían sido cedidos al Ayuntamiento de Caravaca. La presunta cesión se produjo a través de un convenio que fue firmado por los propietarios en abril de 2015, pero en el documento no figuraba la firma del anterior Alcalde del PP, entre otras presuntas irregularidades. Esta circunstancia provocó dudas en el actual equipo de gobierno, ya que el documento podría no ser válido al no tener la firma.

La empresa que llevó a cabo las obras de asfaltado presentó la factura y el actual Alcalde, José Moreno, solicitó informes a los distintos servicios municipales para decidir si había que pagarla o no, ya que no había seguridad de que los terrenos fueran de propiedad municipal.

Finalmente se decidió no pagar y la empresa demandó al Ayuntamiento por el impago. El juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Murcia dió la razón al consistorio por negarse a pagar la factura, ya que podría haber incurrido en un delito de prevaricación.

La juez considera en su auto que “no se ha podido concluir con determinación que los viales donde se llevaron a cabo las obras fueran de titularidad pública o privada”.

Podríamos haber cometido un delito de prevaricación, o incluso malversación de caudales público, si se hubiera pagado la factura por obras en terrenos que no son municipales. La afirmación del secretario del PP es, por tanto, gratuita y contradice a la juez.

Nosotros no estamos judicializando la política, remitimos la documentación a la Fiscalía y no fuimos a presentar una denuncia a los juzgados, y tras el sobreseimiento provisional tampoco hemos acudido al juzgado de lo Contencioso Administrativo.