La Guardia Civil de la Región, la Policía Local de Calasparra y el Servicio de Sanidad Animal de la Consejería de Agricultura han desarrollado de forma conjunta la operación ‘LECHÓN’ en la que ha sido detenido el propietario de una granja por abandonar a más de un centenar de cabezas de ganado porcino. Está acusado de un delito relativo a la protección de la fauna (maltrato animal).

La operación se inició, a principios de mayo, cuando la Policía Local de Calasparra informó al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) que unos cerdos deambulaban por las proximidades de una granja porcina del municipio calasparreño y que se encontraban en aparente mal estado físico.

Una patrulla se trasladó hasta hasta el lugar  y verificó la existencia de una explotación de cerdos para producción de lechón, cuyas instalaciones se encontraban en muy mal estado, por lo que se inició un dispositivo de búsqueda sobre el titular de la granja.

Al inspeccionar las naves de la granja observaron que la mayoría de los animales se encontraban muertos (20 cerdas y 140 lechones) y en diferentes estados de descomposición. Los que aún estaban vivos se encontraban en un pésimo estado, luchando por sobrevivir, no teniendo acceso a agua ni alimentación alguna. De la investigación se desprende que a principios de mes se le retiró el suministro de agua a la granja por impago y el responsable no se hizo cargo de los animales desde esa fecha.

Ante el mal estado de los cerdos se realizaron gestiones con la Consejería de Agricultura y con el Ayuntamiento de Calasparra para adoptar medidas con carácter urgente, con la finalidad de salvar a los animales que aun viven en la explotación, así como proceder a la retirada de los cadáveres existentes en la misma, en aras de evitar un grave problema sanitario en la zona.

El arrestado y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Caravaca de la Cruz (Murcia). Paralelamente, la Dirección General de Agricultura ha dictado la suspensión de la actividad de la explotación y el desalojo de la misma y ha puesto estos hechos en conocimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente por si pudieran constituir un delito de maltrato animal.