El fiscal superior de la Región de Murcia ha abierto diligencias por  «irregularidades en la planificación y gestión en la construcción del Auditorio de Cehegín». La noticia aparece hoy publicada en algunos medios regionales. Al parecer, el abogado Diego de Ramón ha presentado una denuncia en la que pide que se investigue si han podido darse delitos de apropiación indebida, falsedad documental, malversación de caudales públicos y prevaricación. También solicita que se determine quiénes son los responsables o autores de estas acciones presuntamente penales.

Si hacemos memoria, el Auditorio de Cehegín fue proyectado por el anterior equipo de gobierno municipal del PP, con Ramón Luis Varlcárcel de presidente regional, y a día de hoy sigue sin terminar. El proyecto incluía varias fases de las que solo se ejecutaron dos y, desde hace casi tres años, las obras están paralizadas.

Cuando el actual alcalde, José Rafael Rocamora, del PSOE, comenzó a gobernar a mediados de 2015 propuso cambiar el uso del edificio para hacer un centro de la tercera edad. También informó que para la construcción de la II fase del auditorio, el PP dispuso de de 6,8 millones de euros, de los que 3,3 millones eran de un préstamo solicitado por el ayuntamiento para financiar la correspondiente aportación municipal y 3,5 millones aportados por la Comunidad.

Según Rocamora, ese dinero que debía haberse gastado en esa obra, fue destinado por el anterior gobierno en otros conceptos distintos a su fin previsto, por lo que no se disponía de cantidad alguna, pudiendo ser reclamados los 3,5 aportados por la Comunidad a partir de Septiembre de 2018.

El Auditorio de Cehegín fue diseñado por Martín Lejarraga, el mismo arquitecto responsable del de Puerto Lumbreras, cuya gestión también está bajo sospecha y se investiga en los tribunales.