La corrupción sobrevuela el Noroeste. Los escándalos políticos empiezan a emerger en distintos municipios de la comarca. Por un lado, el alcalde de Caravaca de la Cruz, Domingo Aranda, junto a varios concejales, ha sido imputado por el juez en relación al llamado caso ‘El Roblecillo’, tras haber aprobado en noviembre de 2004 un convenio urbanístico con la promotora Golden Sky. De igual manera, los ayuntamientos de Moratalla y Bullas también se están viendo salpicados de alguna manera por el último caso a nivel nacional de la ‘Operación Púnica’ en la que se ha detenido al dirigente del PP madrileño, Francisco Granados, junto al empresario David Marjaliza.

En relación al asunto de Caravaca, el titular del juzgado de Instrucción nº6 de Murcia imputa además de al alcalde, al ex concejal de Urbanismo, Amador López García; y a otros dos ediles integrantes en su día de la Comisión Informativa de Urbanismo, Alfonso S. y Orencio C.

Igualmente, en el auto se imputa a Antonio V.V., por parte de Golden Sky, como uno de los actuantes principales en todas las gestiones urbanísticas y relacionadas con los expedientes públicos, así como a Manuel S.C., firmante del ya meritado convenio de ‘El Roblecillo’.

A todos ellos se suman todos los miembros de la Junta de Gobierno Local, así como altos cargos de la Comunidad Autónoma de Murcia, incluidos también varios técnicos como el ingeniero de caminos municipal y el secretario general del Consistorio caravaqueño, al igual que las autoras de los informes jurídicos por parte de la empresa ACAL (Abogados y Consultores de Administración Local).

Las imputaciones comunicadas ayer se producen después de que el juez instructor haya analizado toda la documentación remitida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el pasado mes de julio, en el informe sobre las supuestas irregularidades acaecidas en dicho desarrollo urbanístico.

En cuanto al caso de la ‘Operación Púnica’, el PSOE de Moratalla emitió ayer un comunicado en el que asegura que la empresa Cofely España, filial de la francesa GDF SUEZ y sociedad bajo la que se centran las investigaciones de la última operación contra la trama corrupción con epicentro en Madrid, «consiguió modificar las cláusulas de los pliegos de condiciones para la contratación del servicio de energía y mantenimiento de alumbrado público del Ayuntamiento».

Los socialistas moratalleros informan que en el Pleno Ordinario de septiembre de 2013, el equipo de gobierno del Partido Popular trajo a debate la aprobación de la modificación de las cláusulas del citado pliego de condiciones, a solicitud de la empresa Cofely, tal como se puede comprobar en la copia del Acta de Pleno, «obteniendo el informe favorable de los servicios técnicos del Ayuntamiento y sometiéndose al pleno para su aprobación. Cosa que sucedió, con los votos en solitario del PP». Y concluyen que «no deja de sorprender que a solicitud de una empresa concreta se hagan modificaciones a los pliegos».

De igual manera, el Ayuntamiento de Bullas también contrató con Cofely el pasado mes de febrero, adjudicándole el proyecto de mejora del alumbrado público exterior del municipio por un periodo de quince años. El importe por los servicios durante este periodo ascendería entorno a los 4 millones de euros con IVA incluido.